El Gobierno local y el Consulado de Marruecos estudian crear un grupo de trabajo para mejorar la convivencia

Jueves 30 Abril 2020  |  Visto: 2.209 veces  |  Versión Imprimible


Reunión por videoconferencia con el cónsul de Marruecos


La alcaldesa, Ana Belén Castejón, y la vicealcaldesa y edil de Servicios Sociales, Noelia Arroyo, mantuvieron este miércoles 29 de abril, una reunión por videoconferencia con el cónsul general del Reino de Marruecos, Abdelaziz Jatim, para abordar algunas de las cuestiones más importantes para los ciudadanos de Cartagena procedentes de dicho país, tras esta grave crisis sanitaria.

Entre las principales preocupaciones, tanto del Gobierno local como del consulado, destaca la escolarización de los menores, así como la importancia de generar oportunidades laborales entre los jóvenes.

De hecho, ambas instituciones acordaron ayer estudiar la posibilidad de crear un grupo estable de trabajo para poder abordar estas cuestiones y debatir propuestas como la promoción educativa, proyectos de cooperación al desarrollo y actividades comerciales. Aunque ésto tendrá que esperar a que finalice la desescalada por el COVID19.

Tal y como explicó la alcaldesa, “Cartagena siempre ha sido un municipio acogedor, en el que convivimos personas de 122 países diferentes y queremos seguir trabajando conjuntamente en aras de mejorar la convivencia”.

En este sentido, las responsables municipales destacaron también los esfuerzos que el Ayuntamiento está haciendo para desarrollar actuaciones que mejoren la gestión de la diversidad religiosa, ya que en Cartagena hay identificadas, además de la mayoritaria fe católica, 43 comunidades religiosas minoritarias de las que 19 son confesiones musulmanas, 18 de evangélicas, dos de Testigos de Jehová, uno de Mormones, uno Budista, uno de Fe Bahais, uno de Adventistas y otras dos minoritarias.

Uno de los elementos claves para la integración que ambos estamos buscando es mejorar la gestión de la diversidad religiosa”, señaló Castejón.

Además, debido a la situación de emergencia global provocada por la pandemia COVID19, y ante la imposibilidad de repatriación de los ciudadanos fallecidos que profesan el culto islámico, se abordó también la necesidad de gestionar los enterramientos de estos ciudadanos, dando cumplimiento con ello al derecho a recibir una sepultura digna.

 

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