La ordenanza que regulará estos entornos urbanos pretende incentivar el uso de medios de transporte alternativos al coche para mejorar la salud medioambiental y reducir las emisiones de los contaminantes de los vehículos de motor en un 30%
Lunes 21 Noviembre 2022 | Visto: 1.871 veces
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La
Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente, reunida esta mañana bajo la presidencia de la concejal del área, la vicealcaldesa
Ana Belén Castejón, ha dictaminado favorablemente la propuesta de
aprobación inicial de la ordenanza que regulará el establecimiento de las
Zonas de Bajas Emisiones en Cartagena, una normativa que busca principalmente
incentivar el uso de medios de transporte alternativos al coche para mejorar la
salud medioambiental y reducir las emisiones de los contaminantes de los vehículos de motor en un 30%.
El dictamen ha contado con las abstenciones de los concejales de
MC Cartagena y de
Unidas Podemos Izquierda Unida Verdes Equo; mientras que los de
Vox, han votado en contra.
Cartagena será el t
ercer Ayuntamiento de España, tras
Madrid y Barcelona, en contar con una
ordenanza de este tipo, tal y como marca la nueva
Ley de Cambio Climático y Transición Energética para municipios de más de
50.000 habitantes.
Como ya explicó la alcaldesa,
Noelia Arroyo, cuando el proyecto de ordenanza salió de la
Junta de Gobierno municipal, con ella "se persigue, entre otras medidas,
reducir el tráfico, impulsar el transporte público y los vehículos eléctricos, la construcción de más
carriles bici y
zonas semipeatonales, o reducir la
circulación en áreas urbanas concretas y en
horarios específicos, estableciendo límites de velocidad inferiores a
50 km/h."
"Nuestro objetivo es reducir las
emisiones de CO2 de los vehículos un
30% en la próxima década para hacer de la ciudad
un lugar más amable y menos contaminado", señaló la alcaldesa; quien puntualizó que la ordenanza no plantea
restricciones de acceso a las calles de la ciudad ni prohibiciones a los usuarios del
vehículo privado, aunque sí fomentará el uso de alternativas más sostenibles con estrategias para
reducir de manera considerable el tráfico rodado,” algo que vamos a desarrollar en colaboración con la
Universidad Politécnica de Cartagena”.
En Cartagena, la situación es diferente a otras grandes ciudades como
Madrid o Barcelona, al tener buena parte del centro histórico está
peatonalizado y por tanto limitado al acceso de vehículos, por lo que para
reducir los contaminantes y
mejorar la calidad del aire habrá intervenciones urbanísticas y de
fomento del uso del autobús urbano y de la
bicicleta".
Por otro lado se prevé el desarrollo en el Ensanche de la
primera 'súper manzana' de la Región,
de manera gradual y consensuada con
vecinos y comerciantes y el resto de
colectivos implicados, a través de un
proyecto piloto que se extenderá en función de los resultados.
La norma pretende además
incrementar la seguridad vial y la convivencia de los distintos modos de transporte, protegiendo la salud de las personas a través de la mejora sustancial de la calidad del aire, y fomentando el transporte público y su intermodalidad así como la
movilidad peatonal y ciclista, el desarrollo de la movilidad eléctrica y la movilidad menos contaminante y los vehículos de uso compartido.
Para ello se plantea armonizar y ordenar los distintos
usos de las vías y espacios públicos urbanos y la racionalización del espacio de estacionamiento tanto en superficie
Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) y las
Zonas de Aparcamiento Vecinal (ZAV), reservas para personas con movilidad reducida, distribución de bienes y otras funciones) como de los aparcamientos municipales.
La normativa
municipal también contempla nuevas realidades como los vehículos de
movilidad urbana y el desarrollo de
hábitos ciudadanos que ayuden en la lucha contra el cambio climático y la mitigación de sus efectos en las ciudades.
En su elaboración se ha tenido en cuenta la jurisprudencia establecida por los distintos
estamentos judiciales para los casos de
Madrid y Barcelona, donde se restringieron derechos e impusieron obligaciones que generaron un
perjuicio económico a los ciudadanos.
Por ello su planteamiento se basa en la
corresponsabilidad ciudadana incidiendo en el
fomento de la movilidad sostenible, la incentivación de las alternativas menos contaminantes para el desarrollo de la movilidad urbana y la educación ciudadana como ejes principales de su articulado.
ZONAS DE BAJAS EMISIONES
La
zona de bajas emisiones (ZBE) de la ciudad de Cartagena será el área delimitada por dos
conjuntos distintos sobre los que se regula. De un lado, la zona del
Casco Histórico que comprende el perímetro creado por la
calle Real, calle Carlos III, calle capitanes Ripoll, Avenida trovero Marín, la cuesta del Batel y el
Paseo Alfonso XII.
En el interior de este perímetro se fomentará la progresiva peatonalización del espacio público permitiendo el tráfico rodado de acceso a las viviendas de los vecinos y el transporte de mercancía de los comerciantes, y monitorizando los niveles de contaminación.
El otro conjunto será el del Ensanche delimitado por el perímetro que forman el
Paseo de Alfonso XIII, La Alameda de San Antón, la Avenida Reina Victoria y la
calle Juan de la Cosa.
En esta zona se fomentará el calmado del tráfico mediante la implementación de supermanzanas que conjuguen la mejora del espacio público con la desincentivación del tráfico rodado motorizado de transición urbana, pudiendo estar el Ayuntamiento facultado a establecer restricciones de uso y acceso en determinados casos.
DESESTIMACIÓN DE RECURSOS
Con los
votos favorables del
Gobierno municipal y las
abstenciones de los tres grupos de la oposición,
MC Cartagena, Vox y Unidas Podemos Izquierda Verdes Equo, la Comisión ha dado luz verde a la
desestimación del recurso de reposición interpuesto por la mercantil
CONSPROCON, SL. contra el acuerdo del
pleno del Ayuntamiento del pasado mes de abril por el que se suspendía la tramitación de la Modificación puntual estructural del
Plan General de Cartagena en el
Sector CP2 de Cabo de Palos.
La
desestimación permite no obstante a la empresa
seguir adelante con todos los trámites de carácter ambiental previos a la aprobación inicial de la modificación, que no podrá llevarse a cabo mientras siga vigente la actual
Ley del Mar Menor.
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