Denuncian numerosas irregularidades en LHICARSA y propone gestionar ambos servicios de forma directa por parte del Ayuntamiento. Además de pagar 35 millones de euros anuales por tener las calles sucias, la coalición enumera un rosario de incumplimientos del contrato por parte de una concesionaria que se dedica año tras año a agrandar la deuda pública con la connivencia del bipartidismo

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Miércoles 16 Octubre 2019  |  Visto: 307 veces  |   |  Versión Imprimible

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Al hilo de las distintas denuncias recogidas en la prensa y de las incesantes quejas vecinales, la coalición de Podemos, IU y Equo ha vuelto a enumerar lo que considera graves incumplimientos contractuales por parte de FCC-LHICARSA en relación a la limpieza viaria y la recogida y tratamiento de basura.

La coalición ha recordado que siguen ocultos y ninguneados los informes elaborados por los propios técnicos municipales encargados de supervisar los contratos. El grupo municipal, que ha estudiado detenidamente el pliego de condiciones, ha hecho mención a numerosas irregularidades, entre otras, a la falta de inversiones, una maquinaria obsoleta e insuficiente, la gestión deficiente del vertedero, incumplimientos reconocidos por la empresa en materia de personal y numerosas malas prácticas de la propia limpieza, de las que se quejan a diario los vecinos de los barrios y diputaciones del municipio, como las nubes de polvo que aún hoy ocasionan las sopladoras tras limpiar el barro seco dejado por la DANA.

Desde el grupo municipal han seguido explicando que no hace falta más que comparar algunas cifras para caer en la cuenta de que Cartagena paga por la basura una cifra escandalosa, más de 35 millones de euros anuales, con un coste anual por habitante altísimo (de 167,93 €, mientras que en Murcia es de 125,67 €/año) y con un déficit por habitante y año igualmente escandaloso: 99,73 € mientras que en Murcia es de 63,11 €. Comparando los datos se ve claramente que sólo equiparando el coste del servicio con el municipio de Murcia se estarían ahorrando más de 9 millones de euros que podrían destinarse a las inversiones que de verdad hacen falta.

Asimismo, desde la coalición han recordado que el contrato comenzó costando en 1995 8 millones de euros, y que ahora mismo cuesta más de 35 millones: un aumento del dinero público que no se ha visto correspondido en la mejora del servicio y que arroja numerosas dudas, al igual que las prórrogas del contrato de agua.

Pilar Marcos, portavoz del grupo municipal, ha declarado: “Lo terrible no es un tener un servicio pésimo, carísimo y deficitario que está hundiendo el Ayuntamiento año tras año, lo terrible de verdad es que todo esto se haga con la complicidad de los sucesivos gobiernos locales, ora de PP, ora PSOE o de ambos junto a Cs, que en lugar de controlar el buen funcionamiento de los servicios públicos se dedican de manera vergonzosa a defender los intereses de las grandes concesionarias.”

Marcos ha continuado recordando que: “La gente debe saber que fueron PP y PSOE quienes en febrero de 2018 rechazaron juntos la constitución de una Comisión de Investigación del Servicio y fueron ellos también los que dejaron en un cajón las denuncias de los funcionarios. Resulta terrible ya que hay numerosas cosas por investigar, comenzando por la venta de los subproductos del vertedero, la falta de personal y medios materiales o la contaminación de los suelos del vertedero, una contaminación de la que nadie se ha hecho responsable pese a haberse probado los hechos tras un informe concluyente de la UPCT.”

La edil ha continuado detallando otras irregularidades que, a su juicio, han sido silenciadas por el Gobierno Local. Entre ellas ha destacado el expediente sancionador de la CARM a LHICARSA por incumplimientos de reciclado en el vertedero municipal de Mina Regente o las malas prácticas en la recepción, tratamiento y reciclado de los residuos, que ha ocasionado una reducción de la vida útil del vertedero debido al vertido en el depósito de un volumen anual mayor del previsto.

Desde la coalición también han adelantado que llevarán al Pleno una batería de preguntas, para que el Gobierno informe, entre otras cuestiones, de por qué sigue tan sucia Cartagena y si el plan de choque publicitado terminaba justo el día después de las elecciones locales. Asimismo también preguntarán por el oscurantismo del que hacen gala FCC y el Gobierno, ya que celebran Consejos de Administración de LHICARSA a puertas cerradas y ni siquiera dan a conocer las actas de un servicio público que paga la ciudadanía de Cartagena y del que la oposición tiene derecho a saber.

“Nosotros siempre hemos sido claros al respecto. Cartagena necesita que se audite rigurosamente el cumplimiento del contrato, que se aumente el número de inspectores y, sobre todo, que se termine con la connivencia entre Bipartidismo y Empresa. Pero este es sólo el primer paso, pues lo que hace falta de verdad es recuperar el servicio y gestionarlo directamente por el Ayuntamiento, con transparencia y voluntad de hacer las cosas bien, ahorrando dinero para las arcas municipales (del beneficio industrial y el IVA, entre otros ) y garantizando la estabilidad laboral y los derechos de los trabajadores.”

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