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Martes 14 Marzo 2017  |  Visto: 982 veces


La concejala de Hacienda con el comité de empresa de FCC y técnicos municipales

La concejala de Hacienda, Contratación y Patrimonio, Isabel García, ha mantenido una reunión esta mañana con el Comité de Empresa de FCC. En la cita también han estado presentes técnicos municipales de los departamentos de Infraestructuras y Contratación.
 
En relación al servicio de conservación y mejora de jardines y arbolado en Cartagena, que se encuentra en proceso de contratación, García ha manifestado a los representantes de los trabajadores que “el pliego incluye el coste de los trabajadores”, asegurándose que se respete “el coste en personal”. Ello evidencia, ha manifestado la responsable de Contratación, que “este Gobierno sí garantiza los derechos de los trabajadores del servicio de Parques y Jardines”.
 
Isabel García ha reseñado que “el pliego técnico es aséptico y objetivo”, añadiendo que “se encarga de proteger los derechos de los trabajadores con los límites que marca la Ley”.
 
Del mismo modo, la concejal de Contratación ha mostrado su satisfacción por la alta participación registrada en la licitación del contrato. “Un total de 18 empresas han presentado sus ofertas, por lo que ciertas críticas recibidas por la oposición parece que esconden un interés especial en velar por los intereses particulares de una de ellas”, ha asegurado.
 
En esta línea, García ha cuestionado que “quienes no fueron capaces de volver a contratar este servicio, ahora se proclamen defensores de los derechos de los trabajadores en base a un recurso que sólo rebate los plazos de la publicación, sin hacer referencia alguna a esos derechos”.
 
Cabe recordar que el anterior contrato para el servicio de parques y jardines finalizó el 1 de enero de 2013, autorizando la Junta de Gobierno Local, de fecha 8 de marzo del mismo año, que se mantuviese la prestación del servicio por la misma empresa. La legislatura anterior finalizó sin que se adjudicase nuevamente el servicio, iniciándose en 2014 el expediente para la nueva contratación, del que el nuevo Ejecutivo tuvo que desistir a finales de 2015.
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