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La comisión conjunta ha abordado las políticas locales, la formación de 2026, los programas de apoyo a víctimas y la declaración institucional del Orgullo LGTBI
Martes 23 Junio 2026 | Visto: 114 veces

La Comisión Conjunta de Igualdad y de Lucha contra la Violencia de Género de la FEMP, presidida por la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, se ha reunido este martes 23 de junio para revisar la situación de las políticas locales contra la violencia de género, los órganos de representación institucional, la planificación formativa para 2026 y los programas de colaboración ATENPRO y ACOPET.
Uno de los asuntos centrales ha sido el papel de los ayuntamientos en la protección de las víctimas, especialmente en municipios pequeños, donde faltan medios materiales, humanos y financieros, hay dificultades para atender urgencias fuera del horario administrativo y persisten desigualdades territoriales en el acceso a los recursos.
La comisión ha trabajado sobre los datos que sitúan en 1.353 las mujeres asesinadas desde 2003 y en 67 los menores víctimas mortales. Las denuncias alcanzaron las 179.782 en 2023, las sentencias condenatorias se sitúan entre el 22% y el 27% y más del 33% de las órdenes de protección no fueron concedidas. El sistema VioGén cuenta con unas 104.000 mujeres activas, con miles de casos en niveles de riesgo elevado.
La reunión ha servido también para repasar la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El Pacto renovado amplía sus medidas de 290 a 461 e incorpora nuevas formas de violencia contra las mujeres, como la económica, la vicaria y la digital. En 2026 se distribuyen 160 millones de euros entre comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
La sesión ha incluido la presentación de “Municipios contra el Maltrato, Tolerancia Cero”, una iniciativa de Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias. También se ha tratado la Declaración Institucional del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se conmemora el 28 de junio.
ATENPRO ha ocupado otra parte de la reunión. El servicio supera las 20.700 mujeres usuarias activas en España y suma 2.900 nuevas altas. Además, 1.094 usuarias no han interpuesto denuncia. La subvención inicial para el servicio asciende a 8,2 millones de euros y cuenta con una partida adicional prevista de 1,5 millones para reforzar su prestación.
La Región de Murcia recibe 5.550.120,69 euros de esos fondos, el 3,47% del total. De esa cantidad, 5.203.238,15 euros corresponden al capítulo 4 y 346.882,54 euros al capítulo 7.
La Conferencia Sectorial de Igualdad también ha aprobado otros 19,8 millones de euros para asistencia social integral, planes personalizados, apoyo a víctimas de agresiones y abusos sexuales y prevención de abusos sexuales en menores tuteladas. En este bloque, la Región de Murcia recibe 366.405,65 euros para asistencia social integral, 62.492,62 euros para coordinación y planes personalizados, 417.184,85 euros para apoyo a víctimas de violencias sexuales y 21.518,41 euros para prevención de abusos sexuales en menores tuteladas.
El proyecto de mejora integral de ATENPRO, financiado con fondos NextGenerationEU, alcanza una inversión de 32.676.000 euros. Las obras del Centro Estatal de Coordinación ATENPRO de Alcorcón han finalizado administrativamente y la plataforma de gestión ATENPRO 2.0 ha superado la fase piloto con participación de personal técnico de Alcorcón, Cartagena y Torrejón de Ardoz. La base de datos podrá registrar hasta 4.000 profesionales.
La comisión ha abordado también ACOPET, el programa que permite ayudar de forma temporal a mujeres atendidas por ATENPRO que necesitan cuidado para sus animales de compañía. La Dirección General de Derechos de los Animales ha solicitado cuatro actuaciones extraordinarias a la FEMP, con jornadas formativas y divulgativas, guías técnicas, materiales informativos, un proyecto piloto con recurso habitacional y un modelo de evaluación anual del impacto del programa.
El sistema de seguimiento telemático COMETA y los dispositivos de control de agresores siguen entre los asuntos más sensibles. El nuevo contrato del servicio alcanza 111 millones de euros con las dos prórrogas previstas. La licitación incluye más dispositivos, un stock mínimo de 2.000 unidades, sustitución en 24 horas, reparación en un máximo de tres meses, más tobilleras, mayor protección antimanipulación, geolocalización, baterías recargables de larga duración, más idiomas de atención, un mínimo de 151 personas en control y dos psicólogos especialistas.