La coalición se hace eco de las denuncias de vecinos que ven cómo trozos del emisario aparecen flotando cerca de la orilla de Cala Reona. Unidas Podemos IU Equo denuncia que el emisario está roto desde que en 2018 el Ayuntamiento recepcionara (indebidamente) las obras de reparación sin culminar.

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Viernes 27 Marzo 2020  |  Visto: 524 veces  |   |  Versión Imprimible

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En el pasado mes de febrero la coalición tuvo acceso al informe emitido por la Dirección General de Medio Ambiente, con fecha 5 del mismo mes, en relación a la nueva rotura que se había detectado en el emisario submarino de Cala Reona, rotura que estaba propiciando vertidos contaminantes con metales pesados, plaguicidas y nitratos al litoral de Calblanque.
 
Tras el estudio detallado de dicho informe, desde la coalición trasladan que la Dirección General de Medio Ambiente instó al Ayuntamiento a la reparación de la rotura carácter de urgencia, en el plazo de un mes, plazo que pidió ampliar el propio Ayuntamiento para poder culminar el proceso de licitación de la obra.
 
Desde la coalición añaden que en este momento, y desde hacía menos de una semana, la empresa contratada por ESAMUR para realizar la obra, otra multinacional especializada en obra pública, había comenzado con la labores de inspección para iniciar los trabajos de reparación, las cuales tuvieron que paralizarse ante la llegada de un nuevo temporal a nuestras costas. “A partir de aquel momento, continúan en el comunicado, es cuando el emisario volvió a sufrir una nueva rotura y aparecieron trozos de tubo flotando en la orilla de Cala Reona, a la vista de vecinos y viandantes”.
 
Tal y como declaran desde la coalición, esta situación arrastra la mala gestión por parte del Gobierno, pues en el informe de la Dirección General de Medio Ambiente queda muy claro que “El Ayuntamiento de Cartagena realizó los trabajos para la reparación del emisario en octubre de 2018, emitiendo un acta de Finalización de las Obras el 23 de noviembre de 2018”, y continúa el informe, “las reparaciones realizadas no repararon la totalidad de las fugas detectadas”, fugas tienen que ver con la existencia de trozos del emisario colmatados y mal lastrados.
 
En aquel momento, insisten, “el Ayuntamiento contrató a una empresa a través de Hidrogea para la reparación del emisario y luego le dieron el visto bueno a una obra que no estaba bien hecha, dejando el emisario expuesto a nuevas roturas (como finalmente ha ocurrido) y más grave aún, permitiendo el vertido de aguas contaminadas con metales pesados y plaguicidas en la costa de Cabo de Palos y Calblanque, un delito medioambiental que tendrán que pagar sus responsables”, ha declarado Pilar Marcos, concejala portavoz de la coalición.
 
A raíz de estos hechos, desde el grupo municipal anunciaron que pedirán al Ayuntamiento copia del acta de recepción de la obra de reparación del emisario submarino de Cala Reona del año 2018, para llegar hasta el final y determinar quién o quiénes fueron los responsables de “dar por buena esa chapuza que aún hoy está envenenando nuestras costas”, sabiendo que en aquel momento el concejal responsable de Infraestructuras era Juan Pedro Torralba, en aquel entonces edil del Gobierno en minoría del PSOE.
 
Por otro lado, desde la coalición recuerdan que entre las conclusiones del informe de la Dirección General de Medio Ambiente de 5 de febrero estaba la obligación del Ayuntamiento de poner en marcha un Plan de Vigilancia Ambiental ya que, decía el informe, se debe “implementar de manera inmediata el control de los vertidos… dada las altas concentraciones de varias sustancias nutrientes”. Asimismo, el organismo regional concluía que el Ayuntamiento “no se ha medido metales pesados con la periodicidad exigida, ni en el afluente final del emisario, ni en el agua bruta de entrada (influente)”, y además “el Ayuntamiento interrumpe el programa de Vigilancia Ambiental en febrero de 2019, no habiéndose recibido resultados de análisis posteriores a esa fecha”. Es decir, que el Gobierno Local, a la vista de lo informado, “no cumplió con ninguna de sus obligaciones, un hecho que calificamos de muy grave y por el que pedimos responsabilidades políticas”, añadió Marcos.
 
Asimismo, subrayan desde la coalición, que es la sociedad Arco Sur la usuaria casi exclusiva del emisario de Cala Reona, pues el 100% de las aguas depuradas por la EDAR de Cabo Palos va directamente a las instalaciones de la desaladora de Arco Sur, donde extraen la salinidad del agua, para utilizarla posteriormente para regadío, y vertiendo la salmuera y otros elementos contaminantes, como se ha podido probar, a través del emisario al Mar Mediterráneo. A este respecto Marcos ha calificado de “sumamente injusto que gracias al Convenio con la Confederación Hidrográfica del Segura, Arco Sur recibe aguas residuales y otras que provienen de la Rambla del Albujón y hace uso discrecional de unas instalaciones municipales, todo esto sin pagar un euro, y a cambio de tanta generosidad de las administraciones públicas, envía sus rechazos contaminantes a nuestro Mediterráneo”.
 
Marcos ha calificado la rotura total del emisario como “Otra muestra más de que en Cartagena importa más el dinero que la naturaleza. Tenemos Gobiernos que día tras día permitan la destrucción de nuestros recursos. Y esto sucede porque se deja que la calidad del agua de nuestras costas esté en manos de las multinacionales de la obra pública, de Hidrogea y la agroindustria... es la consecuencia de tener gobiernos serviles, que se inhiben de hacer su trabajo, que en lugar de defender la salud ciudadana y el medio ambiente optan por ponerse de rodillas ante las grandes empresas y multinacionales”.

Por último, desde la coalición avanzaron que también le solicitarán al Ayuntamiento la documentación relativa a la legalización del emisario, ya que la Dirección General de Medio Ambiente le requiere “que inicie la legalización de la instalación/actividad no autorizada”, tramitación que consta en el informe que comenzó en el año 2015, sin haber concluido a fecha de hoy.
 
Marcos ha finalizado pidiendo al Ejecutivo que deje de ser corresponsable de tanta destrucción y maltrato al medio ambiente y a la salud de la gente: “Resulta penoso que justamente en Cartagena, que tan aleccionados estamos, tengamos que seguir padeciendo, uno tras otro, Gobiernos que no controlan el destino del dinero público, gobiernos que no hacen seguimiento de los trabajos que se pagan, que al igual que sucedió con el Batel o con el Palacio de Deportes, dan por buenas obras que están mal hechas, y permiten que las contratas se vayan de rositas, dilapidando el dinero público como si no perteneciera al pueblo de Cartagena, y además sin culminar los procedimientos exigidos por ley”, ha concluido la Marcos.

 

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