Los informes económicos señalan que, si el Ayuntamiento anulara la concesión de forma unilateral, tendría que pagar, como mínimo, trece millones de euros lo que pondría en grave riesgo su estabilidad presupuestaria

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Jueves 30 Noviembre 2017  |  Visto: 2.797 veces  |  Vídeo  Audio  |  Versión Imprimible

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La alcaldesa, Ana Belén Castejón, ha informado hoy jueves de que, según los informes jurídicos municipales, la prórroga del contrato de la empresa concesionaria del servicio de agua, Hidrogea, no es nula de pleno derecho y, por tanto, no puede anularse.

"Quiero dejar claro que mi deseo era, en todo momento, anular la prórroga porque la consideraba ilegal y, para ello, he solicitado informes jurídicos y económicos. Sin embargo, el resultado de los mismos no era el que todos esperábamos", ha precisado Castejón.

El informe jurídico municipal, tras analizar todo el proceso, concluye que no hay causa de nulidad de pleno derecho en el trámite seguido para la aprobación de la prórroga.

Las causas de nulidad están recogidas en el artículo 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Según esta normativa, no se incumple el plazo máximo legal permitido en aquella fecha. El pliego y el posterior contrato preveían expresamente la posibilidad, una vez transcurridos 25 años, de prórrogas quinquenales hasta un máximo de 25 y la modificaicón siguió todos los trámites procedimentales exigidos para ello.

Por todo lo expuesto, no hay causa de nulidad de pleno derecho en el trámite seguido para la aprobación de la prórroga, según los citados informes.

"Otra cuestión diferente es que no se cumplieran todos los requisitos que justificaron dicha modificación del contrato, como fue el caso. Pero, por desgracia, esto no es motivo de nulidad de pleno derecho, sino de anulabilidad. Que, aunque parezca lo mismo, no lo es. La nulidad no prescribe y la anulabilidad sí. En este caso, el plazo era de cuatro años y se ha cumplido", ha añadido la alcaldesa.

La primera edil también ha solicitado informes económicos a los servicios municipales sobre las consecuencias de la posible anulación de la prórroga, que señalan que el Ayuntamiento debería devolver, como mínimo, los trece millones de euros que la concesionaria adelantó, así como las posibles reclamaciones millonarias que presentara.

"Esta situación provocaría que fuera imposible cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, lo que pondría a este Ayuntamiento en una situación económica gravísima", ha concluido Castejón.

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