Ana Belén Castejón ha recibido esta tarde a los representantes de la Asociación de Afectados por los Servicios Públicos de Cartagena y les ha explicado los motivos por los que no se puede anular la prórroga

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Martes 23 Enero 2018  |  Visto: 2.685 veces  |  Vídeo   |  Versión Imprimible

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La alcaldesa, Ana Belén Castejón, ha recibido esta tarde a los representantes de la Asociación de Afectados por los Servicios Públicos de Cartagena (Asepucar), a los que ha explicado los motivos por los que no se puede anular la prórroga del contrato de la concesionaria del agua. 

La primera edil ha expuesto a los miembros de Asepucar que, según los informes jurídicos que obran en su poder, la prórroga no era nula pero sí anulable, aunque el plazo para hacerlo ha prescrito.

Castejón les ha explicado que, si finalmente hay una sentencia firme que vincule los hechos delictivos que se juzgan con la prórroga, en referencia al caso Pokemon que actualmente se tramita en Lugo, sí habrá motivos para declararla nula, algo que se hará de forma inmediata.

La alcaldesa ha ofrecido a los representantes de Asepucar su integración  en la comisión de investigación  del contrato del agua, y éstos han aceptado. 


RESPUESTA AL RECURSO DE LOS VECINOS

Con respecto al recurso presentado por un grupo de vecinos en 2004 contra la prórroga, no por Asepucar, la alcaldesa ha manifestado que nadie ha dado respuesta al mismo, ni el PP cuando gobernaba, ni el anterior alcalde de MC; José López, aunque el actual Gobierno sí le dará respuesta.

“Apenas llevamos seis meses en la Alcaldía y es increíble cómo se han reactivado los casos. De hecho, hasta el propio partido de MC, que no se respondió a sí mismo cuando ostentó la alcaldía, la concejalía responsable del servicio de Contratación y la de Infraestructuras, ahora me exige lo que ellos no fueron capaces de hacer”, ha precisado Castejón.

La alcaldesa ha recordado que dispone de un informe jurídico que avala la imposibilidad de anular la prórroga y con otro de los servicios económicos del Ayuntamiento que indican que en el supuesto de hacerlo, costaría veinte millones de euros a las arcas municipales.

En este sentido, la alcaldesa ha explicado a los miembros de Asepucar que no será ella la irresponsable que condene al Ayuntamiento y a los vecinos de Cartagena a pagar veinte millones de euros a la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento.

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