La iniciativa insta al Ministerio de Consumo, el Defensor del Pueblo y al Congreso, como máximo órgano legislativo, a garantizar los servicios presenciales para que, tanto mayores como personas sin posibilidad de conectarse a internet, puedan tener acceso a sus finanzas

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Martes 25 Enero 2022  |  Visto: 1.513 veces  |  Versión Imprimible

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La vicealcaldesa y concejala del Ayuntamiento de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha impulsado una iniciativa para el próximo pleno municipal en la que reclama el mantenimiento de las oficinas bancarias en los barrios y diputaciones del municipio, para garantizar el acceso de toda la población a los servicios financieros.

En la moción, Castejón recuerda que desde 2008 se han eliminado 20.000 oficinas bancarias, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, y que esta situación es especialmente problemática en la zona oeste del municipio, aunque también está afectando a la zona norte e incluso a barrios periféricos de la ciudad.

“Tanto para nuestros mayores como para las personas sin acceso a internet la eliminación de estas oficinas y, por ende, del servicio presencial de sus pueblos es un problema importante. Primero porque tienen que depender de terceros para acceder a sus cuentas y segundo porque, algunas de estas personas no tienen a quién acudir para que les ayude”, ha afirmado la vicealcaldesa.

De hecho, según el INE sólo el 23% de los mayores de 74 años utiliza internet. Lo que significa que la realización de operaciones bancarias con hasta triple verificación es algo inaccesible para este colectivo.

Esta situación se ve agravada por las limitaciones y condicionantes que ponen muchas entidades en el servicio presencial lo que, en muchos casos, limita el acceso al efectivo, impide realizar pagos sin ser clientes, cobro por operaciones que online son gratuitas o restricciones de horario de caja.

“Por eso, queremos instar tanto al Ministerio de Consumo, como al Defensor del Pueblo y al Congreso de los Diputados, como máximo órgano legislativo, para que adopte las medidas oportunas para que el Estado considere determinados servicios bancarios, como el acceso al dinero en efectivo, como un servicio universal que permita mantener una infraestructura física viable, que incluya al menos servicios bancarios esenciales y que garantice el acceso a toda la población”, ha concluido Castejón.

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